En el distrito loretano de Santa Rosa, provincia de Ramón Castilla, el sistema judicial dictó sentencia contra los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez Ortegón y John Amia López, encontrándolos culpables de violar la soberanía de nuestro país.
La decisión del juzgado establece una pena de prisión suspendida de un año y cinco meses, sujeta al cumplimiento de ciertas normas de comportamiento. Sin embargo, el juzgado ordenó la expulsión inmediatamente de los sentenciados del Perú, así también prohibieron de su reingreso por un tiempo establecido.
Asimismo, se ha estipulado que los sentenciados abonen de manera conjunta una compensación económica de S/ 4.500, debiendo efectuar el pago en un plazo de 24 horas. En caso del incumplimiento, la suspensión de la pena quedará sin efecto, ejecutándose prisión preventiva.
Esta resolución se produce tras la admisión de culpabilidad por parte de los acusados colombianos, quienes se acogieron a un proceso de conclusión anticipada, un mecanismo que acelera los procesos legales cuando los acusados reconocen su delito y aceptan las sanciones.
La medida no solo refuerza la protección de la soberanía nacional, sino que también puede abrir un espacio de coordinación con las autoridades colombianas. En la triple frontera, el control conjunto y la cooperación internacional resulta clave para prevenir delitos que afecten la seguridad del país.
