La presidenta Dina Boluarte y el Congreso han radicalizado su postura frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuestionando su legitimidad y atribuciones. El Ejecutivo impulsa una comisión multisectorial para evaluar la permanencia del Perú en el Pacto de San José. En paralelo, el Congreso analiza nueve proyectos de ley para denunciar el tratado, cifra récord desde 2001. Esta estrategia conjunta busca restituir la pena de muerte y limitar el alcance de las sentencias internacionales.
Durante la ceremonia por el Día del Juez, Boluarte acusó a la Corte IDH de actuar “como si el Perú fuera un virreinato” y de interferir en la soberanía nacional. La mandataria rechazó el pedido del organismo para frenar la ley de amnistía que beneficiaría a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos. También afirmó que no permitirá presiones externas que debiliten las instituciones del Estado. Su discurso fue respaldado por el presidente del Congreso, José Jerí, quien pidió “decisiones más fuertes” frente a la Corte.
El Ministerio de Justicia realizó 23 mesas descentralizadas para justificar la restitución de la pena de muerte contra violadores de menores. Además, el Congreso aprobó por insistencia la creación de una comisión de alto nivel para evaluar reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta comisión estaría integrada por el canciller, el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la Nación y el defensor del pueblo. Aunque sus decisiones no serían vinculantes, podrían iniciar el proceso de denuncia del tratado.
Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, expresó su preocupación por las declaraciones del Ejecutivo y el Congreso, calificándolas como una amenaza a la institucionalidad democrática. Expertos como Heber Campos y Óscar Vidarte advierten que esta ofensiva busca impunidad y distraer de la crisis de seguridad y gobernabilidad. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señala que Boluarte intenta obstaculizar el acceso a la justicia de las víctimas de las protestas. El Perú ha incumplido 13 sentencias de la Corte IDH durante su gestión.
Consecuencias internacionales
Aunque el Congreso no puede denunciar el tratado por sí solo, podría ratificar la decisión si el Ejecutivo lo propone formalmente. El proceso requeriría una reforma constitucional con 87 votos en dos legislaturas. De concretarse, Perú se alejaría de estándares internacionales y se alinearía con regímenes como Nicaragua o Venezuela.
