En horas de la noche del último viernes, Martín Vizcarra, el expresidente de la República, fue llevado al centro penitenciario Ancón II. Allí permanecerá durante cinco meses en prisión preventiva. Esto ocurre mientras se investigan las acusaciones de corrupción que lo involucran con los proyectos del Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo.
Vizcarra salió de Barbadillo en un vehículo del INPE, custodiado por un fuerte equipo policial. Esta acción provocó diversas opiniones en el ámbito político. Afuera del lugar, partidarios del partido Perú Primero se manifestaron en contra del traslado, alegando un presunto ataque contra el ex jefe de Estado.
El INPE había dispuesto inicialmente que Vizcarra cumpliera la medida cautelar en el penal de Barbadillo, ubicado en la sede de la Diroes, en Ate. Sin embargo, una Junta Técnica de Clasificación recomendó su envío al penal de Lurigancho. Posteriormente, y por motivos de seguridad penitenciaria, se decidió cambiar su destino final al penal Ancón II.
Esa clasificación se canceló días después, el 20 de agosto, lo que llevó al INPE a crear una nueva junta para decidir el penal más conveniente para Vizcarra. En este proceso, se asignaron tres funcionarios expertos que reevaluarán su situación actual.
Martín Vizcarra está bajo investigación por la presunta recepción de pagos ilegales durante su tiempo como gobernador regional. Su defensa ha negado las acusaciones y cree que la prisión preventiva es desmedida. El exmandatario ha reafirmado que es inocente y ha tachado la medida de persecución política.
