Betssy Chávez Chino, quien fuera jefa del Gabinete Ministerial, actualmente interna en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, ha reanudado una huelga de hambre como forma de protesta por las circunstancias de su encierro. Por medio de una carta póstuma divulgada por su defensor, Raúl Noblecilla, la exministra culpó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de supuestos atropellos y manifestó como última voluntad poder concretar una videollamada de adiós con sus progenitores.
En la comunicación escrita, Chávez relata un fuerte declive en su bienestar tanto físico como anímico, aparte de denunciar un “ambiente carcelario adverso e inhumano”. Llegó a pedir que, en caso de deceso, sus restos mortales sean entregados a su abogado y trasladados a su ciudad de origen, Tacna. Tales revelaciones han provocado inquietud y diversas reacciones en diferentes ámbitos políticos y sociales.
La Fiscalía ha requerido 25 años de cárcel al considerarla presunta coautora del delito de rebelión, por su intervención en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 liderado por Pedro Castillo. El juicio oral aún continúa y su defensa aduce que se trata de una campaña de hostigamiento político.
El pasado 10 de julio, Chávez denunció públicamente la existencia de chantajes sexuales, cobros de cupos y sobornos dentro del establecimiento, señalando directamente a la directora Nelly Aquino como responsable de un presunto descontrol y corrupción institucional.
En su reciente misiva, reiteró que el INPE acata directamente las órdenes de la presidenta Dina Boluarte. Hasta el momento, el INPE no se ha pronunciado sobre la huelga de la exministra ni las serias acusaciones dadas por la exministra.
