La Policia Nacional del Perú (PNP) ha adquirido ocho autos de alta gama y ha generado una ola de críticas y cuestionamientos que ya se investiga por la Contraloría General de la República. La operación, ejecutada mediante un proceso de licitación pública, involucró un desembolso superior a los 18 millones de soles y tiene como objetivo dotar a los altos mandos policiales con vehículos de la marca Audi, reconocida mundialmente por su lujo, tecnología avanzada y alto costo.
La compra ha levantado sospechas no solo por la magnitud del gasto, sino por el origen de los fondos utilizados. Este dinero tendría que haber sido destinado originalmente a sectores sensibles como el sistema de salud policial o el fondo de pensiones del personal en retiro, lo cual ha encendido las alarmas de los organismos de control y de la ciudadanía.
El 31 de julio, la Contraloría envió un oficio oficial al comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, exigiendo acceso inmediato y completo a toda la documentación vinculada a la adquisición de los autos. El objetivo de la indagación es determinar si se cometieron irregularidades administrativas, malversación de fondos o posibles delitos en perjuicio del Estado.
Para esta labor se ha conformado un equipo de fiscalización especializado, encabezado por Nelly Berrío como supervisora del operativo, y Luis Aróstegui como jefe del equipo auditor. Ambos acreditados ingresarán a las oficinas administrativas de la Policía para revisar los expedientes, órdenes de compra, contratos y registros presupuestales que sustenten la operación.
Congreso atento
El caso ha despertado especial interés en el Congreso de la República, donde varios legisladores han solicitado que se cite al Ministro del Interior para brindar explicaciones sobre la necesidad, urgencia y transparencia de una compra tan costosa.
Mientras tanto, diversas organizaciones de la sociedad civil han cuestionado públicamente que, en un contexto de recortes presupuestales, inseguridad ciudadana y precariedad en los servicios públicos, se destinen recursos a autos de lujo, en lugar de fortalecer las verdaderas necesidades operativas de la institución.
La Contraloría ha anunciado que emitirá un informe preliminar en los próximos días, y no se descarta que el caso pueda escalar a instancias judiciales si se comprueban responsabilidades.
